Decía Marx parafraseando a Hegel que la historia se repite unas veces como tragedia y otras como farsa. No hay un acontecimiento reciente que evoqué con mayor precisión esta afirmación que los hechos juzgados estos días atrás en el llamado caso "Faisán". En el curso de una supuesta negociación con la banda terrorista ETA, unos policías irrumpen e interrumpen una investigación sobre la red de extorsión de ETA frustrándola, con la finalidad, al parecer, de favorecer o no obstaculizar esa negociación. Se repite la historia vivida a finales de los ochenta del pasado siglo en lo que se conoció como la guerra sucia contra ETA sintetizada en el célebre caso GAL. En ambos casos existe un Gobierno que busca acabar con el terrorismo, en ambos se articulan procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico con esa finalidad y en ambos casos los encargados de ejecutar esos procedimientos son policías. Todo ello, claro, presuntamente puesto que el caso Faisán se encuentra aún sub iúdice. En el caso GAL, si bien fueron también condenados los Comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, fueron los policías Domínguez y sobre todo Amedo la encarnación de los chapuzas, del asesino sibilino tal y como fue caracterizado el "subcomisario" por Savater en un artículo de la época. En el caso Faisán está por ver si el Comisario Enrique Pamies y el Inspector Jefe Ballesteros tienen el triste honor de suceder a los anteriores en ese aliterado papel.
Existe una versión del caso Faisán muy atractiva por su simplicidad, a saber: La Audiencia Nacional ordena a la policía investigar al bar Faisán como epicentro de la red extorsión de ETA en febrero del año 2004. Dos años después las investigaciones coinciden con una tregua de ETA y el 4 de mayo de 2006 se convoca una reunión en Moncloa entre el Presidente del Gobierno Zapatero y el líder del PNV Josu Jon Imaz para apoyar la negociación. El día 3 se produce un encuentro entre Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán y Gorka Aguirre, dirigente del PNV, ambos implicados en la red de extorsión, en el que Aguirre le entrega a Elosúa 54.000€ producto de los últimos actos de extorsión previos a la tregua. Carlos Germán, jefe del operativo policial, se lo comunica a Grande Marlaska, juez encargado del caso, que ordena la detención. Germán lo comunica al Comisario General de Información Telesforo Rubio y este al Director General de la Policía Victor García Hidalgo y al Secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho. García Hidalgo, una vez informado, llama al Jefe Superior de policía del País Vasco Enrique Pamies a las 22:14 de ese día 3( dice al juez que no recuerda el motivo). A su vez Pamies llama a Hidalgo 30 minutos después y de nuevo a las 23:30. Menos de una hora después, a las 00:06 horas del día 4 Pamies llama al Inspector José María Ballesteros( destinado en Alava) para que se dirija a la calle Gaztazua 16, domicilio de Elosúa.A las 09:00 dos policías de la brigada de información de San Sebastián que tenían la orden detener al correo de ETA si entraba en España reciben la orden de retirarse. A las 11:04 Ballesteros llama a Pamies para informarle de que Elosúa se ha ido al bar. A las 11:13 Ballesteros llama a Pamies para indicarle que está junto al bar Faisán. Este le indica que entre y le llame. A las 11:23 se produce un corte en la grabación de la cámara policial que graba la entrada principal del bar. Esta versión sostiene que Ballesteros entra en el bar, llama a Pamies y le pasa el teléfono a Elosúa que es avisado para que su contacto José Antonio Cau no cruce la frontera pues si lo hace puede ser detenido. Elosúa avisa a Cau y monta con su cuñado en su coche contándole el episodio del chivatazo que queda grabado en un micrófono instalado en el coche. El 19 de julio Pamies llama a Germán para saber si Elosúa ha reconocido en el juzgado al que le entregó el teléfono. El 5 de septiembre García Hidalgo, Pamies y Ballesteros activan móviles prepago para hablar entre ellos.
La versión alternativa, defendida por el SUP defensor de los dos policías acusados, coincide en líneas generales con la expuesta, aunque sosteniendo que los autores del chivatazo no fueron los policías encausados, apuntando más bien hacia la poca fiabilidad del investigador Carlos Germán. Es decir, reconoce que hubo chivatazo y que la orden para alertar a Elosúa provino de instancias políticas. Asimismo sostiene que no existe delito de colaboración con banda armada puesto que la causa del chivatazo nunca fue beneficiar a ETA sino combatirla. El caso es que de la tríada de elementos policiales con cierto protagonismo en el día de autos, salvo que queramos convertir el bar faisán en una suerte de camarote de los hermanos Marx que aún así ya lo parece, los encausados parecen ser el eslabón más débil de la cadena, puesto que Germán podría haber hecho desaparecer la grabación de los micrófonos del coche de Elosúa única prueba de que se produjo el chivatazo y el Comisario Manuel Risco tuvo la suerte de cumplir años aquel día.
Aquellos que creen que no existen pruebas en las actuaciones para condenar deberían tener en cuenta que no sólo se condena por prueba directa pues la prueba de indicios se encuentra firmemente consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Convendría asimismo no olvidar algo básico y que se olvida con facilidad, esto es, que el respeto a la ley y al Derecho es un principio básico de la convivencia y, por tanto, de la Democracia. Sin ambages, sin pretextos, sin paliativos. Pero es que además por si alguien no tiene el pleno convencimiento de lo anterior, debería saber que aquellos acontecimientos que suceden con la participación de más de dos personas se terminan conociendo y que el tránsito por senderos de ilegalidad no sólo deslegitima a los que los toman sino que se han demostrado reiteradamente ineficaces. La lucha contra la delincuencia y el terrorismo debe hacerse por personas que disponen de los recursos técnicos y legales adecuados y sólo cuando se carece de ellos y se carece de la audacia legal necesaria se buscan atajos. El camino de la legalidad es irrenunciable y no podemos ponerlo en cuestión aduciendo conservación de fuentes y pérdidas de líneas de investigación. Es verdad que siempre tendremos a algún arribista dispuesto a todo para conseguir sus propósitos, los que se prestan a los juegos sucios de que hablamos nunca lo hacen de forma altruista aunque algunos se empeñen en convencernos de ello. En muchas ocasiones median retribuciones en forma de mejoras en la carrera profesional, por lo que cuanto más objetiva sea ésta y más diáfanos los criterios de promoción profesional menos posibilidades existirán de que los profesionales se presten a estos peligrosos juegos. Por último, seria interesante preguntarse en este caso aquello que contenía la sentencia del asesinato de los marqueses de Urquijo: sólo o en compañía de otros.
La versión alternativa, defendida por el SUP defensor de los dos policías acusados, coincide en líneas generales con la expuesta, aunque sosteniendo que los autores del chivatazo no fueron los policías encausados, apuntando más bien hacia la poca fiabilidad del investigador Carlos Germán. Es decir, reconoce que hubo chivatazo y que la orden para alertar a Elosúa provino de instancias políticas. Asimismo sostiene que no existe delito de colaboración con banda armada puesto que la causa del chivatazo nunca fue beneficiar a ETA sino combatirla. El caso es que de la tríada de elementos policiales con cierto protagonismo en el día de autos, salvo que queramos convertir el bar faisán en una suerte de camarote de los hermanos Marx que aún así ya lo parece, los encausados parecen ser el eslabón más débil de la cadena, puesto que Germán podría haber hecho desaparecer la grabación de los micrófonos del coche de Elosúa única prueba de que se produjo el chivatazo y el Comisario Manuel Risco tuvo la suerte de cumplir años aquel día.
Aquellos que creen que no existen pruebas en las actuaciones para condenar deberían tener en cuenta que no sólo se condena por prueba directa pues la prueba de indicios se encuentra firmemente consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Convendría asimismo no olvidar algo básico y que se olvida con facilidad, esto es, que el respeto a la ley y al Derecho es un principio básico de la convivencia y, por tanto, de la Democracia. Sin ambages, sin pretextos, sin paliativos. Pero es que además por si alguien no tiene el pleno convencimiento de lo anterior, debería saber que aquellos acontecimientos que suceden con la participación de más de dos personas se terminan conociendo y que el tránsito por senderos de ilegalidad no sólo deslegitima a los que los toman sino que se han demostrado reiteradamente ineficaces. La lucha contra la delincuencia y el terrorismo debe hacerse por personas que disponen de los recursos técnicos y legales adecuados y sólo cuando se carece de ellos y se carece de la audacia legal necesaria se buscan atajos. El camino de la legalidad es irrenunciable y no podemos ponerlo en cuestión aduciendo conservación de fuentes y pérdidas de líneas de investigación. Es verdad que siempre tendremos a algún arribista dispuesto a todo para conseguir sus propósitos, los que se prestan a los juegos sucios de que hablamos nunca lo hacen de forma altruista aunque algunos se empeñen en convencernos de ello. En muchas ocasiones median retribuciones en forma de mejoras en la carrera profesional, por lo que cuanto más objetiva sea ésta y más diáfanos los criterios de promoción profesional menos posibilidades existirán de que los profesionales se presten a estos peligrosos juegos. Por último, seria interesante preguntarse en este caso aquello que contenía la sentencia del asesinato de los marqueses de Urquijo: sólo o en compañía de otros.
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